E N   C O N F I N A M I E N T O          VIOLENCIA INSTITUCIONAL HACIA LA RED NACIONAL DE REFUGIOS

M Á S   D E   U N   T I P O   D E   V I O L E N C I A

La emergencia sanitaria por Covid-19 y el consecuente confinamiento en los hogares, no sólo reflejó la violencia familiar que viven las mujeres, sus hijas e hijos en esos espacios. Con esta situación, la violencia institucional hacia los refugios también se hizo visible.

El paso de la Secretaría de Salud al Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) implicó dos meses de retraso en la publicación de la convocatoria para que los refugios postularan su proyecto. En 2019, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva emitió la convocatoria a finales de febrero, no obstante, para esa fecha en 2020 se anunció apenas el cambio de dependencia.

Para el mes de marzo, la Red Nacional de Refugios (RNR) denunció públicamente el atraso de presupuesto por parte de las autoridades, pues con los discursos emitidos por el Ejecutivo sobre dejar de financiar a las organizaciones de la sociedad civil, se enfrentaban a la incertidumbre de no recibir recursos.

De esta manera, a inicios de año y, pese al exacerbo de violencia hacia las mujeres, estos espacios subsistían con reservas y donaciones. "El problema de los refugios es que dependen de un subprograma, entonces no hay un presupuesto específico, sino que varía año con año", señala Cecilia Paz Contreras, secretaria técnica de la Unidad de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

Los refugios postulan un proyecto en el cual deben justificar cuánto dinero requieren para brindar sus servicios, posteriormente, estos son sometidos a un proceso de evaluación, "y en ese proceso, se pueden tardar meses, pero en ese tiempo, la violencia contra las mujeres no se detiene", añade.

En 2020, fueron etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 405 millones de pesos para los refugios. El 7 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la asignación de recursos, sin embargo, los refugios tenían que presentar, aún, su proyecto.

En total, tuvieron que pasar cuatro meses para que el financiamiento les fuera otorgado. "El hecho de que el estado sea omiso, que retrase los procesos de liberación de recursos para el funcionamiento de las políticas y mecanismos para combatir la violencia contra las mujeres como es el caso de los refugios, constituye lo que denominamos en la ley como violencia institucional", afirma la investigadora de la UNAM, Aimeé Vega Montiel.

Por su parte, el abogado Rodolfo Domínguez Márquez, especialista en violencia de género contra la mujer, señala "yo no hablaría tanto de violencia institucional sino de falta de cumplimiento de obligaciones por parte de las autoridades que tiene que traducirse en políticas públicas, en legislación y en acciones que garanticen la debida diligencia para atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, sobre todo en contextos de mayor crisis como la actual".

En su capítulo IV denominado "De la violencia institucional", artículo 18, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define a la violencia institucional como todo acto u omisión proveniente de un servidor público de cualquier orden de gobierno que obstaculice o impida el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso a políticas públicas "destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia".

"Se ejerce este tipo de violencia en tanto que no se proporciona en tiempo y forma el presupuesto que estos refugios requieren, acción que obstaculiza el acceso de las mujeres a todas aquellas políticas públicas que tienen como fin garantizarles una vida libre de violencia", indica la colectiva conformada por abogadas feministas, Abogadas Glitter.   

"En contextos donde las mujeres se encuentran en situaciones de violencia existen políticas públicas que se tienen que implementar para garantizar la vida y seguridad de las mujeres", agrega Domínguez Márquez.

Ante ello, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, sostiene "vemos un gobierno que es muy evidente que no reconoce las violencias contra las mujeres, que las minimiza y que perpetúa mensajes machistas, mensajes que obviamente son estereotipados y que llevan a reforzar la naturalización de las violencias, por lo tanto, la impunidad".